En la Unión Europea (UE), alrededor de 8 millones de extranjeros afrontan el riesgo de correr la misma suerte que Fierro a causa del proyecto Directiva de Retorno. En junio, el Parlamento europeo lo someterá a votación.

El punto neurálgico del plan fue  homologar  las políticas de inmigración y de repatriación de los ‘sin papeles’ en el Viejo Continente. Pero, además, pretende castigar la permanencia ilegal con prisión de seis a 18 meses.

Los irregulares viven escondidos. Solo salen a trabajar en las madrugadas o en las noches. Los cazan en las estaciones de trenes, centros comerciales latinos, en las paradas de buses, en los mismos buses o cuando se bajan de ellos. “Nadie se da cuenta  de nada, son detenidos y deportados”, dice a El COMERCIO el director del periódico en línea Comunidad Latina en Londres (www.comunidadlatina.com), Luis López.

López relata que los vecinos denuncian a los extranjeros. O los empleadores, que los explotan con salarios bajos, para terminar los contratos. O  incluso  los propios inmigrantes que quieren quedarse con sus trabajos. Por eso, nadie habla de su estatus migratorio.

En Francia, la patria adoptiva de 12 000 ecuatorianos, los inmigrantes viven en zozobra. El año pasado,  el gobierno de Nicolás Sarkozy fijó como meta la expulsión de 25 000 ‘sin papeles’. De ellos, más de un centenar fueron ecuatorianos. “Creo que el 50% de los ecuatorianos en Francia no tiene papeles. Este año todavía no se han endurecido los controles migratorios. Pero tememos mucho lo que está por venir”, señala David Romero, presidente de la Federación Euro-Ecuatoriana de Asociaciones en París.

Aunque la mano de obra latina es apreciada en Francia, los patrones no se arriesgan a contratar inmigrantes sin permiso de residencia.
Además, el trabajo escasea  porque existe  competencia con la mano de obra llegada de la Europa del Este.

Los inmigrantes en Bélgica, donde se instalaron 6 000 ecuatorianos, según cálculos no oficiales, están aparentemente tranquilos.  No hay controles policiales ni expulsiones y existe una tregua con las autoridades. Se debate una regularización para los indocumentados, que ingresó a la Cámara de Diputados, el pasado 29 de mayo.

La legalización tiene un sistema de puntos, parecido al modelo canadiense, que debe alcanzar 70 en total. Está atada al contrato laboral, si un extranjero encuentra un patrocinador gana 40 puntos, por ejemplo. O si conoce las lenguas (francés, alemán y neerlandés) obtiene 20 puntos. O si participa en alguna asociación voluntaria consigue 10 puntos; si tiene un niño gana otros 10 puntos.

“Con este sistema de puntos la regularización sería mínima para los ecuatorianos y latinos. Las organizaciones de apoyo a los ‘sin papeles’ piden una legalización más abierta para que se beneficien más indocumentados”, dice el coordinador de la Asociación de Ecuatorianos Residentes en Bruselas, Hugo  España.

Según España, los inmigrantes están preocupados en conseguir un jefe que los contrate y en sumar puntos para regularizarse.

En Holanda no hay pánico por la Directiva de Retorno. La razón es simple: el anterior Gobierno holandés creo leyes que dificultaron la estadía de los inmigrantes y la llegada de nuevos extranjeros. “En Holanda estamos preocupados pero no hay miedo”, explica desde Amsterdam la coordinadora del Network Ecuador-Países Bajos, Sandra Megens-Santos.

Tres países definieron a cuántos expulsarán

En este clima de miedo las asociaciones recomiendan “no frecuentar sitios donde se concentran los ecuatorianos para no correr el riesgo de caer en las redadas. No utilizar líneas de buses centrales y exigir que el Gobierno negocie con la UE”,según subraya Madisson Godoy desde Roma.

Italia, España y Francia fijaron  una suerte de cuotas anuales de indocumentados que serán expulsados. Así, la primera estableció que serán 60 000; la segunda advirtió que serán 92 000, mientras que Francia se decantó por 25 000.

Según las cifras  conservadoras de las asociaciones de ecuatorianos residentes en el exterior, 100 000 son los integrantes de la colonia de connacionales en Italia. En España son 600 000; en Francia son 12 000, mientras que hay 6 000 en Bélgica y 2 000 en Holanda.

El ministro español de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, anunció  que su departamento aplicará medidas para incentivar  que los inmigrantes puedan regresar voluntariamente a sus países.