El ministro de Trabajo e Inmigración español, Celestino Corbacho, habla de la necesidad de una inmigración atada a contratos de trabajo. ¿Eso no es positivo?

El Ministro dice algo cierto: hay que gobernar el fenómeno migratorio. Eso implica ponerse de acuerdo con los países de origen para ordenar la emigración también allí. Implica luchar contra mafias de trata y explotación de personas. No se puede dejar este proceso descontrolado, pues no es cierto que haya una “mano invisible” que lo organiza; al contrario, lo desorganiza cada vez más.  Nosotros proponemos  ordenar la inmigración desordenada, trabajar en prevención, reforzando las políticas de integración y de retorno. Pero no para echar a la gente, sino para promover procesos de migración temporal y circular, vinculados a contratos de trabajo o a la reagrupación familiar.

¿La Directiva deja abierta la posibilidad a los países de brindar asistencia legal a los documentados detenidos o no. España ha asegurado que mantendrá esa asistencia. ¿Hay una posición más respetuosa con los derechos humanos?

Eso es básico porque no se puede dejar en manos de funcionarios administrativos la decisión de regular la libertad de las personas. Son los jueces quienes deben hacerlo. De momento ese mínimo control existe. Renunciar porque eso sería incumplir la propia Ley de Extranjería.

¿Por qué España apoya ahora la directiva de retorno? ¿Frente a la crisis económica, la salida más fácil es empezar a expulsar a la gente?

Sacar de Europa 11 millones de irregulares es imposible. La aprobación de la Directiva responde a que  los países con gobiernos  más enfocados al control (como Francia, Inglaterra, Gran Bretaña) están ganando terreno. Por otro lado, los gobiernos progresistas europeos, como el de España, empiezan a tomarse en serio el tema de la seguridad y a la vez intentan evitar que la  derecha radical rompa la idea de multiculturalidad.