El texto, pactado por unanimidad, debe ser aún aprobado por el Parlamento Europeo, donde le espera la oposición de buena parte de la Cámara, antes de su ratificación final por los ministros de Justicia e Interior, el 5 y 6 de junio próximos.

El último punto de discordia, la asistencia jurídica gratuita para los indocumentados, se cerró con una solución salomónica por la que esa ayuda legal se ofrecerá en función de las normas de cada país comunitario, según dijeron fuentes diplomáticas. Por ello, la versión final no garantiza que se ofrezca  dicha asistencia lega.  

La cuestión de la asistencia  jurídica fue uno de los ejes de la oposición de Alemania, Austria y Grecia durante la discusión de la pasada semana, ya que esos países temían el alto costo para sus arcas públicas.

Nueve países comunitarios -Reino Unido, Suecia, Grecia, Dinamarca, Finlandia, Estonia, Irlanda, Malta y Holanda- no tienen ningún período máximo de retención de los indocumentados, por lo que estos pueden estar internados de forma indefinida. El texto acordado establece, en su versión actual, un período de salida voluntaria de siete a 30 días.

También se fija un período máximo de retención de seis meses, ampliables a 18 meses en casos excepcionales, para los indocumentados que no cooperan o cuando no se pueden obtener documentos de terceros países. Organizaciones de defensa de los DD.HH. se oponen a esta legislación y han urgido al Pleno de la Eurocámara a que lo rechace.

Si se aprueba, como se prevé, la normativa entrará en vigor dos años después de su publicación oficial, es decir, en junio del 2010.

Pero no se aplicará a Reino Unido, Irlanda y Dinamarca, los países de la UE que no forman parte del sistema Schengen de fronteras abiertas.

El texto fue aprobado un día después de que Italia penalizara la inmigración clandestina.