A la vista de los acontecimientos que se vienen produciendo en Europa en relación con las políticas migratorias y de interior y el tratamiento administrativo y jurídico a las personas migrantes, el Gobierno de la República del Ecuador expresa su gran preocupación por la tendencia general y creciente a criminalizar la movilidad humana en el espacio comunitario. La Directiva Retorno, acordada el pasado 5 de junio por los países miembros de la Unión Europea, supone un franco retroceso en materia de protección y garantía de los derechos fundamentales de las personas migrantes, al ampliar los plazos de retención de las personas indocumentadas, al facilitar mecanismos para su deportación forzosa y al debilitar el derecho a la asistencia jurídica de las personas indocumentadas retenidas que debieran brindar los Estados de tránsito y acogida.

En el marco de la Unión Europea, los países que han representado modelos de Estados de Derecho a nivel internacional, que han experimentado históricamente fases emigratorias pronunciadas y que han acogido en los últimos decenios en su seno a trabajadores y trabajadoras migrantes para expandir sus economías y asegurar la sostenibilidad de sus sistemas de seguridad social y pensiones, parecen estar cediendo en la actualidad a la tentación liderada por algunos gobiernos que pretenden aplicar y extender lógicas de persecución, encierro y expulsión de personas en situación de irregularidad administrativa, con la adopción conjunta de nuevas medidas que socavan los derechos de las personas y que acrecientan la situación de vulnerabilidad e indefensión en la que se encuentran las personas migrantes en todo el mundo. Además de contravenir los derechos fundamentales de las personas que se encuentren indocumentadas, las medidas que han sido aprobadas tendrán un previsible efecto de estigmatización general de las personas migrantes y supondrán un franco retroceso en los procesos de integración y de avance hacia la interculturalidad que se venían desarrollando en los países europeos.

Así pues, el Gobierno de la República del Ecuador, que ha venido posicionando en los medios internacionales la necesidad de salvaguardar los derechos fundamentales de las personas en movilidad en todo el Mundo, dirige un llamado al Parlamento Europeo en estos días previos a la sesión plenaria que se mantendrá en Estrasburgo del 16 al 19 de junio, con el fin de que esta institución se oponga con toda energía a la adopción de la “Directiva Retorno” o “Directiva de la Vergüenza”, como algunos de nuestros países coinciden en calificarla.

El Ecuador propone en este sentido, la apertura urgente de un diálogo franco, constructivo y horizontal entre los países de origen, tránsito y destino de los procesos de movilidad humana, mediante el cual se puedan adoptar políticas comunes que aborden desde un enfoque integral los aspectos estructurales que motivan las migraciones masivas forzadas de millones de personas en todo el mundo y que tiendan hacia la regulación de los flujos de movilidad humana desde el irrestricto respeto a los derechos de las personas.

Asimismo, anuncia que el Ecuador asume a partir del día 17 de junio la Presidencia Pro-tempore de la Comunidad Andina de Naciones y que, en este marco, liderará el avance hacia la elaboración e implementación de un Plan Andino de Desarrollo Humano para las Migraciones que, partiendo del referente que supone en la actualidad el Plan que se está implementando en el Ecuador, a través de la Secretaría Nacional del Migrante -SENAMI- aspira a constituirse en un referente regional y universal en un abordaje multilateral y humanista de las migraciones.

Lorena Escudero Durán

Ministra

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