MERCEDES PANTA

Compañeras y Compañeros Asambleístas:

Hace pocos días todos aprobamos en la sesión del Pleno una resolución rechazando enérgicamente las directrices de la nueva política en materia migratoria de la Unión Europea. En ella resaltamos la contribución que los migrantes hemos hecho al desarrollo del viejo continente, condenamos el carácter criminalizador, discriminatorio y xenófobo de las medidas adoptadas, y exigimos a estos países la implementación de políticas que garanticen la protección de los derechos de las personas migrantes y sus familias. El Estado ecuatoriano también ha manifestado su indignación y rechazo a la Unión Europea, a través de varias declaraciones públicas, y de acciones y medidas conjuntas para implementar con la Comunidad Andina.

Yo me pregunto y les pregunto a Ustedes ahora, ¿Pueden el Estado ecuatoriano y la Asamblea Constituyente sostener consistentemente esta posición ante la Unión Europea, si el Ecuador no precautela los derechos de nuestros compatriotas en otras tierras, y de los inmigrantes y refugiados que se encuentran en nuestro país? Es claro que NO podemos exigir una política migratoria con enfoque de derechos humanos en otros países, si nuestra Constitución no garantiza los derechos de las personas que viven en situaciones de movilidad humana en el Ecuador. Lo contrario resultaría incoherente.

Por ello, quiero señalar que la propuesta que la Mesa Uno ha presentado sobre movilidad humana constituye un avance fundamental en esta materia, porque aborda desde una visión integral las diversas dimensiones de este complejo hecho social. Además guarda coherencia con los principios de ciudadanía universal, libre movilidad y el fin de la condición de extranjero, aprobados por la Asamblea en el capítulo de Relaciones Internacionales.

No obstante, me gustaría hacer énfasis en un punto sustancial, que lastimosamente la Mesa Uno no ha recogido, y que es la necesidad de contar en nuestro país con una POLÍTICA DE ESTADO EN MATERIA DE MOVILIDAD HUMANA.
Hemos constatado que la ausencia de un marco normativo y de políticas que respondan con un enfoque de derechos humanos a la movilidad humana en el Ecuador, y la desarticulación y dispersión institucionales en el Estado, se reflejan en acciones aisladas y en la falta de mecanismos de protección de la población emigrante, inmigrante, refugiada y desplazada, exponiéndola a situaciones de vulnerabilidad, violaciones de sus derechos humanos y maltrato sistemático.

Adicionalmente, vemos con inmensa preocupación que la falta de políticas estatales en la materia acentúa de forma crítica los problemas de integración social y económica de los colectivos de inmigrantes y refugiados. Así, la pobreza, inequidad e injusticia social, factores que impulsan a los ecuatorianos a salir del país, golpean también a quienes llegan a nuestra “isla de paz”.

Por lo tanto el Estado debe crear una política de movilidad humana, en consonancia con un Proyecto de País, por el que estamos luchando todos y todas: un Ecuador más humano, equitativo y solidario. Esta política debe estar armonizada con el conjunto de políticas públicas del Estado y el plan nacional de desarrollo; y debe propiciar la articulación de acciones entre las distintas instancias estatales, a fin de lograr respuestas integrales. Una política de estado integral que posibilite la convivencia desde la interculturalidad, el respeto a la diversidad, el combate al racismo y el fomento de la participación de todas las personas que compartimos este pequeño país, independientemente de su origen, nacionalidad o condición migratoria.

No podemos cerrar los ojos ante la realidad de movilidad humana que existe en el Ecuador, y pretender, al igual que los europeos, que criminalizando a los migrantes y a los refugiados vamos a frenar su llegada. Nuestros hermanos colombianos, peruanos y de otras nacionalidades, que han llegado al Ecuador buscando alternativas de paz, seguridad y de vida digna, son seres humanos y sujetos de derecho, así como los millones de ecuatorianos y ecuatorianas que fueron a Estados Unidos y Europa, anhelando mejores días. Y debemos comprender que mientras las estructuras de pobreza, violencia e inequidad prevalezcan, la movilidad humana será una constante.

Quiero enfatizar que a través de lo propuesto sobre movilidad humana en esta Constitución, estamos dejando huellas importantes pues hemos avanzado sustancialmente respecto a la Constitución de 1998, la cual no reconocía los derechos de los migrantes, de sus familias, de los inmigrantes y de los refugiados. El haber logrado que se incluya el derecho a migrar constituye una batalla ganada en nuestra lucha permanente por una humanidad más justa e incluyente.

Les exhorto compañeros y compañeras asambleístas a que reflexionemos profundamente sobre la necesidad y urgencia de respaldar la propuesta que se ha presentado sobre movilidad humana, a que pensemos que todos en algún momento de nuestras vidas hemos sido migrantes, y a comprender que la humanidad es una sola.

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