Jul 01 2008
REUNIÓN MANTENIDA CON REPRESENTANTES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE REFUGIADOS (DGR), EL ALTO COMISIONADO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS REFUGIADOS (ACNUR) Y EL SERVICIO JESUITA A REFUGIADOS Y MIGRANTES (SJRM)
Quito, 30 de junio de 2008
Asistieron:
-Marta Juárez, representante del ACNUR en Ecuador.
-Alfonso Morales, Director de la Dirección General de Refugiados de la Cancillería.
-Abogados del equipo de la Dirección General de Refugiados.
-Guillermo Rovayo, Director del Servicio Jesuita a Refugiados y Migrantes – Ecuador.
La Asambleísta Mercedes Panta presentó su preocupación frente a la problemática de las personas en situación de refugio en el Ecuador. En especial señala el caso de las mujeres, que por su condición de madres y de cabezas de hogar sufren mayores situaciones de pobreza y marginalidad.
El Doctor Morales afirmó que la situación de los refugiados en el Ecuador se ha agravado porque el Estado ecuatoriano no está preparado para dar respuestas a la gran cantidad de personas que han llegado de Colombia huyendo de la violencia (250.000 personas).
Por esta razón se implementará desde septiembre de este año el proceso de “Registro Ampliado” de población colombiana en situación de refugio, que se encuentra en toda la frontera norte (Esmeraldas, Imbabura, Carchi, Sucumbíos y Orellana). Según estudios del ACNUR existen en estas provincias alrededor de 85.000 personas colombianas que han huido de la violencia en su país; de éstas, 50.000 cumplirían los requisitos para que el Estado ecuatoriano los reconozca como refugiados. Se estima que el proceso de registro de estas personas (registro ampliado) tomará un año.
La Asambleísta Panta, manifiesta su preocupación sobre la situación de las 35.000 personas en las provincias de frontera que no serán beneficiadas por el registro ampliado, y por las 250.000 restantes en todo el país, pues quedarían en condiciones muy precarias en la indocumentación. Estas personas se quedarán en un limbo migratorio, en una zona gris, desprotegidos.
El Doctor Morales señala que ellas deberían acogerse a otras alternativas de regularización, es decir, a otro tipo de visas. Esto sin embargo es prácticamente imposible por los costos, condiciones y requisitos que la ley contempla. La situación para los indocumentados en Ecuador es sumamente grave por las sanciones que aplica la actual legislación (multas excesivas, detenciones, deportaciones, etc.).
Frente a ello se señala que es urgente una reforma total a la ley de migración y extranjería, y sus reglamentos, y que se cree además una ley de refugio. Además se requiere reformar el sistema y el procedimiento de reconocimiento y elegibilidad de la condición de refugiado en el país. Al respecto, Guillermo Rovayo señaló que el Servicio Jesuita a Refugiados y Migrantes ha elaborado un informe que identifica nueve puntos críticos del procedimiento que deben ser resueltos.
Hasta que no se empiece a construir el Código de las Migraciones (conjunto de leyes secundarias sobre inmigración, emigración, refugio y desplazamiento), es urgente empezar con las reformas a los reglamentos de la ley de migración y extranjería.
El día 15 de julio el Estado, a través de la Cancillería, presentará oficialmente su política en materia de refugio.
Marta Juárez plantea que es necesario además que la política del Estado ecuatoriano sobre inmigración y refugio se traduzca en acciones concretas y políticas públicas. Esto requiere la participación conjunta de la sociedad civil, de la población afectada y del gobierno. Por lo tanto el ACNUR ha convocado para los días 3 y 4 de julio a unas “consultas nacionales” en las cuales se reflexionará sobre cómo aterrizar las políticas, cómo crear un sistema de reconocimiento de refugio más óptimo, y cómo mejorar las condiciones de la integración de la población inmigrante y refugiada, hacia la construcción de una cultura de paz.
Adicionalmente Marta Juárez señaló que tan pronto como el registro ampliado se ponga en marcha, se debe incorporar las buenas prácticas del proceso en todo el país.
Se señala que uno de los problemas y causas de que las condiciones de los refugiados e inmigrantes en el Ecuador sea precaria y de extrema pobreza, es que el Estado no ha reconocido a esta realidad como una temática de prioridad, y la conciencia al respecto es parcial.
Se está evaluando la posibilidad de llevar adelante una amnistía migratoria para que los cientos de miles de inmigrantes y refugiados no reconocidos regularicen su situación de manera gratuita. Sin embargo algunas instancias estatales han presentado resistencias a la iniciativa, especialmente el Ministerio de Gobierno y Policía, por cuanto el dinero que proviene del trámite del diverso tipo de visas constituye una fuente de recursos de autogestión para esta institución.
Acuerdos
Continuar con las conversaciones entre la DGR, ACNUR, el SJRM y la Asambleísta Panta para llevar adelante acciones concretas de forma conjunta.
Se compromete la asistencia de la Asambleísta Panta en el evento de presentación de la política de refugio que realizará la Cancillería.
Doctor Morales enviará a la Asambleísta Panta la documentación sobre la legislación en materia de refugio (proyecto de ley orgánica, reformas al Decreto 3301 sobre determinación de la condición de refugiado en el Ecuador, etc.).
Guillermo Rovayo se compromete directamente con la Asambleísta Panta en enviarle los casos de refugiados negados y mujeres madres refugiadas para que ella gestione su trámite con la DGR y el ACNUR.
